Esta es la última Exhortación de los Obispos de la Presidencia de la CEV. Nos hubiera gustado un poco más de contundencia en la condena de Los grupos violentos (que) deben ser desarmados y controlados por las autoridades policiales, en concordancia con la política de desarme. Exigimos una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables en el marco de la Constitución y las leyes, observando el debido proceso judicial... ya que "las autoridades"(o sea el Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son autoras y/o cómplices de esa violencia. De todas maneras sabemos que "las autoridades" harán caso omiso de las recomendaciones de esta exhortación.
Texto del documento
Los Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana expresamos nuestra profunda preocupación por el creciente clima de tensión que ha caracterizado la vida nacional en los últimos días. Como pastores de la Iglesia manifestamos nuestro deseo de contribuir al fortalecimiento de la paz entre todos los venezolanos. Rechazamos cualquier tipo de violencia, tanto en las manifestaciones como fuera de ellas, así como los excesos en la represión de las mismas. Lamentamos la muerte de tres ciudadanos, la situación de salud de los heridos y el gran número de estudiantes detenidos. Expresamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos.
El derecho a la protesta pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión e información, son valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una auténtica democracia. Los que ejercen responsabilidades públicas deben garantizar el ejercicio de esos derechos, evitando el uso de medidas judiciales para amedrentar y castigar a los disidentes.
Frente a los grandes desafíos de nuestro país en la lucha contra la inseguridad personal y la violencia social, y ante los graves problemas económicos que nos afectan a todos, la protesta contra el Gobierno es legítima y constitucional, pero debe ser pacífica. El recurso a la violencia como medio para imponer las propias posiciones, venga de donde venga, es moralmente inaceptable. Esta debe ser desterrada siempre tanto del lenguaje como de las acciones. Los grupos violentos deben ser desarmados y controlados por las autoridades policiales, en concordancia con la política de desarme. Exigimos una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables en el marco de la Constitución y las leyes, observando el debido proceso judicial.
Le corresponde, en primer lugar, a las diversas instancias del Estado atender los justos reclamos de los diversos sectores y ofrecer las condiciones mínimas para un diálogo social que permita superar los problemas sociales y económicos. Este diálogo se evalúa por los resultados; debe basarse en el respeto de las legítimas diferencias y tener como finalidad la búsqueda del bien común, que va más allá de los intereses de personas o grupos.
Pedimos a los dirigentes de todos los partidos y agrupaciones, tanto sociales como políticas, que alienten a todos sus partidarios a contribuir con su conducta y sus palabras a bajar las tensiones, al reconocimiento de los adversarios y a la mutua reconciliación. Que sea firme y sostenido el propósito de construir la paz y evitar cualquier tipo de manifestación violenta que rompa la sana convivencia entre todos los ciudadanos.
Pedimos a los directivos de los Medios de Comunicación Social y a los comunicadores sociales informar la verdad con objetividad y evitar la exaltación de la violencia.
Rogamos a todos los sacerdotes mantener en las celebraciones litúrgicas y en toda ocasión la plegaria por “los líderes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda reverencia y dignidad” (1 Tm 2,2). Invitamos de igual manera a todos los católicos a elevar oraciones a Dios, Padre de todos, y a pedir la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, en favor de la reconciliación del país.
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